El exasesor de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, Luis Japaz, ha sido condenado a tres años de libertad supervisada intensiva tras ser declarado culpable de fraude al fisco. Además, se le impuso una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Japaz aceptó los cargos, calificando su participación como un 'error lamentable'. Evitó ir a juicio al asumir su responsabilidad, una decisión que le permitirá cumplir su condena bajo supervisión en lugar de enfrentar una pena de cárcel.
La trama detrás del fraude
El caso de Japaz se enmarca en una serie de irregularidades financieras detectadas durante la administración de Barriga en Maipú. Como asesor cercano a la exalcaldesa, su papel fue clave en las operaciones financieras que resultaron en el delito. Aunque Japaz admite haber facilitado tales prácticas fraudulentas, insiste en que su implicación fue secundaria y que su rol fue principalmente de facilitador, sin ser el principal orquestador del esquema.
El reconocimiento de culpa por parte de Japaz fue un intento de mitigar las consecuencias legales más severas y, en parte, buscar un cierre a una de las controversias que han rodeado la administración de Barriga. La decisión de Japaz no solo lo aparta del ámbito público, sino que también lanza un mensaje sobre las implicaciones y responsabilidades en el manejo de fondos municipales.
Implicaciones futuras
La sentencia contra Japaz tiene un impacto significativo al destacar la importancia de la transparencia y la diligencia en la gestión de recursos públicos. La inhabilitación para ejercer cargos públicos busca prevenir futuros incidentes similares, pero también genera preguntas sobre las medidas de supervisión que deberían implementarse para evitar la repetición de tales actos.
A medida que más detalles sobre las operaciones internas de la administración de Barriga salen a la luz, el caso de Luis Japaz marca un precedente importante para otros funcionarios y asesores en posiciones de poder dentro de la política local. Esta sentencia recuerda que las actuaciones dentro del ámbito municipal no están exentas de escrutinio y que las consecuencias pueden extenderse incluso más allá del periodo de gobierno en cuestión.
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